LA TERCERA EDICION IMPRESA | miércoles 10 de agosto de 2011
EL ACCIDENTE en la mina San José ha tenido impactos duraderos. El aspecto más sensible de todos ha sido la preocupación por la seguridad con que se desenvuelven los trabajadores mineros. Sobre este ámbito no es posible generalizar, ya que como también demostró este accidente, en Chile coexiste una minería de punta tecnológica con otros segmentos que utilizan estándares menores, que es donde radica la esencia del desafío de la seguridad minera en el país.
Mientras la minería moderna cuenta con buenos estándares, existe también otra realidad, sobre todo en la minería artesanal, aquella en que predomina la precariedad y que es difícil de controlar, ya que se realiza al margen de cualquier registro o permiso. El largo período de altos precios del cobre y el oro que se registra desde 2004 ha alentado la entrada masiva de pequeñas faenas mineras que son rentables de explotar aún cuando exista un riesgo en ello.
Lo anterior hizo evidente que la capacidad de fiscalización no daba abasto para satisfacer las necesidades que la gran cantidad de minas estaba requiriendo, considerando el aumento de los productores operando formalmente, ilustrado en el incremento en la cantidad de productores registrados por Enami, que pasó de cerca de 400, antes del iniciarse el ciclo de altos precios, a más de 2.000 desde 2007. El aumento de recursos a Sernageomin para mejorar la fiscalización resultaba imprescindible, lo que queda demostrado en la mejora en los indicadores de accidentes fatales que han disminuido de 31 a 14 durante el primer semestre de este año en comparación a igual período del año pasado, según recordó hace días el Director Nacional del organismo en esta página.
Sin embargo, el desafío continúa siendo grande y las cifras de fatalidad no son aceptables. Aún la cobertura de minas fiscalizadas alcanza a sólo el 40% de todas las que operan en el país, lo que acota el impacto de las mejoras de fiscalización. Esta es una tarea que exigirá un esfuerzo sostenido. Si bien resultará necesario seguir elevando la fiscalización hasta hacerla compatible con la realidad de la industria, es recomendable introducir mayores avances tecnológicos, incluyendo apoyo de información satelital y procesamiento de estos datos para aumentar la productividad y cobertura de la fiscalización.
Asimismo, Enami como principal poder comprador de este segmento, tiene mucho que decir. Exigencias mayores a sus proveedores en materia de operación y seguridad deberán traducirse en mejoras en los niveles de accidentabilidad. Esta mayor exigencia debe ser capaz de alcanzar también a aquellos proveedores mineros que evaden el control al no entregar su mineral a Enami, sino a otros mineros que sí tienen registro con la empresa.
Dado que en muchos casos se requerirá generar un cambio cultural que modifique las prácticas acendradas en las micro operaciones mineras, el esfuerzo de capacitación y transferencia de mejores prácticas es imprescindible. En este aspecto existe una oportunidad de aprovechar la experiencia y estándares de vanguardia mundial de la gran minería.
