LA TERCERA EDICION IMPRESA | jueves 04 de agosto de 2011
LA CALIDAD y la equidad de la educación son deplorables. La movilización social obligó al sistema político a aceptar que la educación no podía esperar. Esfuerzos de mejoramiento de la gestión son necesarios, pero se requiere aumentar el gasto y la inversión, que es proporcionalmente mucho menor que en los países desarrollados y emergentes. Hay, además, necesidades urgentes de financiamiento en salud, vivienda y barrios, en investigación y desarrollo y modernización del Estado. Avanzar en todos estos campos es fundamental para acceder efectivamente al desarrollo; y para ello es fundamental incrementar sustantivamente los ingresos permanentes del Estado.
Hay consenso respecto de la grave desigualdad que afecta a Chile. En los últimos 20 años se apostó a que la lucha contra la desigualdad se desarrollara por el lado del gasto, con políticas públicas progresivas. Los avances fueron menores. El coeficiente de Gini (que mide la desigualdad; mientras mayor la cifra, mayor la desigualdad) pasó entre el año 1990 y el 2009 de 0,56 a 0,53. En la Ocde esta cifra es, en promedio, 0,31.
La experiencia internacional muestra que la intervención del Estado, a través de la estructura impositiva y el gasto público tiene una incidencia significativa en el coeficiente de Gini. En la Ocde, el índice Gini antes de impuestos y transferencias es de 0,45, pasando a 0,31 luego de la acción redistributiva del Estado. La progresividad del sistema tributario explica un tercio de esta variación. En el caso de Chile, la variación es de apenas dos puntos (de 0,55 pasa a 0,53 en el 2009)
Clave en las diferencias entre Chile y la Ocde es que la carga tributaria total en nuestro país (incluida la seguridad social) fue de 24% del PIB en 2007, muy por debajo de la mediana de los estados miembros de la Ocde, que fue de 36,2%. Contribuye también a explicar estas diferencias la regresividad de la estructura tributaria. La incidencia del IVA en los ingresos tributarios fue del 45,1% en 2008, muy por encima del promedio de los países de la Ocde, que en 2007 fue de 17,9%.
Para resolver los problemas sociales y derrotar la desigualdad, la progresividad del gasto debe ser complementada con una reforma tributaria. Con este fin proponemos aumentar el impuesto a las empresas del actual nivel permanente de 17% al 25%, lo que permitiría recaudar US$ 4.500 millones adicionales al año. El mayor gasto en investigación y su impacto en la productividad neutralizará el eventual efecto de la mayor tributación de las empresas. De estos recursos, proponemos destinar US$ 500 millones para financiar un posnatal universal; US$ 1.000 millones para aumentar en 400.000 los beneficiarios de salas cunas, lo que eleva la cobertura del 38% actual a un 80%; US$ 1.600 millones para extender la Subvención Escolar Preferencial (SEP) a la enseñanza básica y media municipal y subvencionada sin fines de lucro e incrementarla desde $ 26.000 a $ 52.000 pesos, y 1.200 millones de dólares para aumentar el financiamiento basal de las universidades del Consejo de Rectores, incrementar las becas y homologar el crédito estudiantil con el crédito solidario.
