LA TERCERA EDICION IMPRESA | jueves 07 de julio de 2011
DESPUÉS de un mes de movilizaciones estudiantiles, el gobierno presenta una propuesta que abrirá las puertas para una negociación con representantes del sector educacional. Los anuncios del Presidente sobre el Gran Acuerdo Nacional de Educación (GANE) dejan en claro las prioridades del Ejecutivo y su visión ideológica, además de confirmar la táctica política que ha caracterizado su accionar.
Los detalles del GANE muestran que el gobierno no está dispuesto a transformaciones de fondo del sistema actual, sino que apuesta a perfeccionarlo. Para ello propone crear un Fondo para la Educación de cuatro mil millones de dólares con distintas fuentes de financiamiento, sin dejar claro cómo se repartirán dichos recursos.
En segundo lugar, apunta a mejorar el acceso y condiciones del financiamiento para la educación superior a través de becas para la formación técnico-profesional y para que los alumnos más vulnerables con mérito académico puedan elegir la institución de educación superior de su preferencia, además de reducir las tasas de interés del Crédito con Aval del Estado, reformular este mecanismo y fortalecer los procesos de cobranza del Fondo de Crédito Solidario. Estas medidas apuntan a reducir las desigualdades en el financiamiento para la educación superior a través del rol del mercado.
En tercer lugar, se propone mejorar la admisión, considerando el ranking de notas de la educación media, fortalecer los procesos de acreditación, crear un sistema de información para los consumidores de la educación superior, crear una subsecretaría y superintendencia de educación superior, y desburocratizar la gestión de las universidades estatales. Estas propuestas ayudarán a mejorar la equidad en la admisión, la institucionalidad del Ministerio de Educación y la gestión en las universidades públicas, sin darles un trato preferencial a estas últimas.
También se anunció una nueva institucionalidad para el sistema universitario que distinga entre universidades estatales, tradicionales no estatales y privadas no tradicionales, además de debatir la posibilidad de distinguir entre universidades con y sin fines de lucro. Estas definiciones sugieren que el gobierno quiere mantener el actual estatus y privilegios de las universidades tradicionales.
Proponer un debate sobre el lucro equivale a decir que no se quiere cambiar este tema, que es fundamental dadas las flagrantes violaciones al espíritu de la ley que ocurren actualmente y al abuso de los beneficios fiscales en el que incurren las universidades que tramposamente lucran.
Las prioridades del gobierno son claras también por los vacíos que dejan las propuestas sobre el sistema escolar y las instituciones públicas. Las desigualdades educativas se construyen desde los primeros años de vida y nuestro sistema escolar las fortalece, dada la segregación de alumnos vulnerables en instituciones públicas, y no existe ningún anuncio para mejorar la igualdad en este sentido.
Finalmente, el Presidente vuelve a centralizar el protagonismo, acotando el ámbito de actuación del ministerio. Una táctica contradictoria con la premisa de no centralizar la educación pública.
