Condena a activistas mapuches

Señor director:
Los cuatro comuneros mapuches condenados por el ataque al fiscal Elgueta han decidido deponer su huelga luego de conformarse una Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche a la que han suscrito el arzobispo de Concepción e integrantes de la Iglesia Católica, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH y los familiares de los comuneros.
En palabras de monseñor Ezzati, esta comisión se ha conformado con el propósito de entablar un diálogo con las autoridades del Estado destinado a buscar, en lo inmediato, "una nueva ley antiterrorista" que garantice los DDHH, acorde con los estándares internacionales. Diversos órganos internacionales han observado que dicha ley ha sido aplicada exclusivamente a miembros del pueblo mapuche, en causas vinculadas a la protesta social, y han recomendado a Chile su reforma en función de hacerla compatible con las garantías de un debido proceso y con la vigencia de los DDHH.
Si bien los comuneros mapuches no han sido formalmente condenados a instancias de esta ley, en los procesos sustanciados sí se ha recurrido a sus mecanismos, a tal punto que las condenas se basan principalmente en el testimonio de testigos de identidad protegida y en la declaración de uno de los imputados que habría sido obtenida bajo tortura. El reciente fallo de la Corte Suprema, que confirma sus condenas, pero rebaja las penas, es grave no sólo porque confirma lo obrado en el tribunal de Cañete, sino además extiende la figura de los testigos protegidos, secretos y no identificables, al derecho penal general.
Un Estado no debería esperar a que se ponga en peligro la vida de las personas para cumplir con las obligaciones que la comunidad internacional le reclama en materia de derechos humanos.
José Aylwin
Codirector del Observatorio Ciudadano