LA TERCERA EDICION IMPRESA | sábado 04 de junio de 2011
Los jueces no anularon el juicio a los comuneros, pero modificaron la sentencia: eliminaron cargo por intento de homicidio a fiscal.
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La tarde del 15 de octubre de 2008, el ex líder de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor Llaitul y un grupo de comuneros ingresaron armados con escopetas al predio del agricultor José Santos, en Puerto Choque, comuna de Tirúa, VIII Región. Tras amenazas de incendiar la casa del agricultor, robaron escopetas y otras especies.
Este hecho fue alertado a la policía. El fiscal Mario Elgueta fue al lugar con una comitiva integrada por Carabineros y detectives. Al regresar de las diligencias, los vehículos fueron interceptados en el camino por los comuneros, quienes botaron troncos a la carretera para impedir su paso y dispararon con las escopetas a los 14 vehículos. El resultado: Elgueta y tres detectives resultaron heridos.
Tras un juicio marcado por críticas a la aplicación de la Ley Antiterrorista y la utilización de testigos protegidos, el Tribunal Oral de Cañete condenó a Llaitul a 10 años de cárcel por el robo y 15 por el ataque, mientras que otros tres comuneros recibieron penas de cinco y 15 años por los mismos hechos. Tras el veredicto, los comuneros iniciaron una huelga de hambre.
Estos cuestionamientos fuero plasmados en los recursos de nulidad que presentaron sus defensas ante la Corte Suprema, en los que pidieron que se realizara otro juicio. Sus abogados dijeron que si bien el tribunal descartó condenar por la ley antiterrorista, las pruebas fueron obtenidas por la fiscalía a través de esta legislación.
Ayer, en el Palacio de Tribunales de Santiago, familiares de los comuneros, su vocera Natividad Llanquileo y políticos como el ex candidato presidencial Jorge Arrate y el diputado PS Sergio Aguiló llegaron a esperar el fallo.
La Corte Suprema resolvió tomar otro camino: modificó la sentencia, al rebajar parte de las penas, y descartó otro juicio oral. La decisión generó molestia en la Defensoría y los familiares de los comuneros, quienes de inmediato anunciaron que la huelga de hambre de 80 días seguirá.
El fallo de ayer condena a Llaitul a cumplir 10 años de cárcel por el robo y cuatro por el ataque al fiscal. José Huenuche Reimán, Jonathan Huillical y Ramón Llanquileo Pilquimán, cumplirán la pena de cinco años por el primer delito y tres por el segundo.
El fallo
Para disminuir las penas, los supremos estimaron que los condenados atacaron la caravana de automóviles sin saber que en ella viajaba el fiscal Elgueta ni los detectives. Con este criterio, no es aplicable el delito de homicidio frustrado contra la autoridad, pues el requisito es que el autor tiene que conocer la investidura de la víctima.
Otro de los puntos que hicieron ver los defensores es que por este mismo hecho, los comuneros fueron absueltos por la justicia militar y la Corte de Apelaciones.
Sin embargo, el vocero de la Corte Suprema y redactor del fallo, Jaime Rodríguez, explicó que esos fallos citados no son definitivos y que sólo analizaron lo referente a los civiles involucrados: el fiscal y los detectives.
El dictamen de ayer también validó la utilización de la figura del testigo protegido, ya que, según manifestó Rodríguez, no es de uso exclusivo de la ley antiterrorista y también está contemplada en el código penal, por lo que puede ser utilizada en los juicios orales por otros delitos.
Esta argumentación no fue compartida por el defensor regional del Biobío, Georgy Schubert, quien señaló que "la Corte Suprema entiende que es lo mismo un testigo protegido, que un testigo sin identidad y eso lo consideramos incorrecto".
El abogado de Héctor Llaitul, Pablo Ortega, anunció que recurrirán a tribunales internacionales y que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional, porque estima que hay contradicción entre los fallos de la justicia civil y militar. A la salida de tribunales, Natividad Llanquileo mostró su malestar por la decisión y dijo que "no nos podemos conformar cuando se ha avalado la aplicación de la ley antiterrorista, independientemente de que nos den unos años de consuelo. Hoy también se ha condenado a un pueblo".
Sobre estos cuestionamientos, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, el fallo es "la última palabra y hay que acatarla. Uno aspiraría que dejen la huelga de hambre, porque han logrado algo que ellos pretendían, que es rebajar sus condenas".
"Sin duda es una señal el hecho de que la Corte Suprema haya querido disminuir de esta manera significativa, a mi manera de ver, la condena. Es un gesto que vale la pena destacar". De esta forma reaccionó ayer el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, tras conocer la rebaja de condenas a comuneros mapuches.
Ezzati, quien antes de asumir como cabeza de la Iglesia de Santiago se desempeñó como obispo de Concepción y actuó como negociador entre los comuneros y el gobierno, se pronunció también sobre la decisión de los apresados de continuar el ayuno: "Afirmar el valor de la vida es el deber más importante que tengo".
Anoche, el arzobispo se reunió en su casa con familiares de los comuneros. Tras la cita, señaló a radio Bío Bío que "aquí no hay espacio para la mediación, aquí hay espacio para encontrar caminos nuevos para que la cosa no se repita".
Consultado sobre la opción de reunirse con los comuneros, explicó que, "estando el arzobispo Chomalí y monseñor Pedro Ossandón, ellos tienen la responsabilidad directa de la pastoral de esa porción de la Iglesia (...). Para mí es mucho más difícil poderla ejercer, porque ya no soy arzobispo de Concepción".
