LA TERCERA EDICION IMPRESA | sábado 09 de abril de 2011
Vivienda decidió radicar en un poder independiente del Estado la investigación del caso Kodama y la posibilidad de irregularidades.
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La tarde de ayer, la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, entregó al Ministerio Público los antecedentes relacionados con el pago de $ 17 mil millones autorizado, en principio, por la cartera a la constructora Kodama, por las obras de un corredor del Transantiago en Pedro Aguirre Cerda.
"A pesar de que inicialmente el Serviu metropolitano había propuesto un acuerdo destinado a poner término a la reclamación, he preferido para- lizar este proceso y solicitar que entidades independientes revisen con acuciosidad y profundidad los antecedentes relacionados con esta materia", señaló Matte, a través de un comunicado de prensa.
La denuncia la hizo pública el senador Alejandro Navarro (MAS) el 17 de marzo -en medio de la polémica por la supuesta entrega irregular de subsidios en la VIII Región- y complica a Matte y a algunos de sus asesores más cercanos. Ayer, además, la Concertación anunció una ofensiva fiscalizadora sobre el tema.
Según el escrito presentado por Navarro ante la Contraloría a fines de febrero, el 30 de noviembre de 2006, el Consorcio de Construcciones Kodama Ltda. se adjudicó una licitación del Serviu para habilitar un corredor del Transantiago en Av. Pedro Aguirre Cerda, por un monto de cerca de $ 25.500 millones, que más tarde crece a $ 31.310 millones.
Debido a retrasos por regularización de terrenos, falta de planos, etc., la empresa reclama un sobrecosto en la obra y, en febrero de 2010, el Serviu emite una resolución para pagar $ 959 millones extras a Kodama, para -según la empresa- abonar a la deuda. Sin embargo, el 25 de mayo, Contraloría objeta la fórmula de cálculo utilizada.
La constructora presentó una demanda contra el Fisco, el 15 de diciembre de 2010, aduciendo que incurrió en una serie de gastos extras y que el Serviu les debía poco más de $ 41.000 millones.
Polémico acuerdo
Para avalar la exigencia de indemnización, la constructora encargó un estudio al Dictuc, consultora de la UC, que refrendaba los gastos extras en que incurrió la empresa y estimaba la indemnización en $ 41.000 millones.
Alertado por la ofensiva de la constructora, el director metropolitano del Serviu, Antonio Llompart, inició contactos con los privados para detener las acciones legales.
Un día antes de la audiencia de conciliación, el 25 de enero de 2010, la ministra Matte, a través de un decreto, autorizó al Serviu metropolitano a sellar un acuerdo extrajudicial con la constructora por casi $ 17 mil millones. A cambio, la empresa debía renunciar a acciones legales y ceder propiedades al Serviu.
El acuerdo con Kodama generó una polémica interna en el ministerio, luego de que el subsecretario Andrés Iacobelli -quien había regresado de vacaciones- detuviera la operación y solicitara más antecedentes.
El subsecretario, preocupado por la justificación del pago ante Hacienda, solicitó un informe a una consultora externa ( Idiem) y la ministra Matte suspendió la orden de pago.
La denuncia de Navarro, sin embargo, terminó por alertar a La Moneda. La secretaria de Estado señaló el miércoles a La Tercera que la propuesta de conciliación del Serviu llegó a su despacho tras ser visada por la Dirección Jurídica, a cargo de Alvaro Baeza, y por la subsecretaría, "pero aquí no se ha pagado ni un peso", enfatizó Matte.
Con todo, la secretaria de Estado -a instancias de La Moneda- pidió asesoría legal al abogado Pedro Pablo Gutiérrez y ordenó un sumario interno. También entregó antecedentes a Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado.
La Concertación, en tanto, inició ayer una ofensiva sobre el caso. "La ministra fue poco rigurosa", dijo el vicepresidente del PS, Marcelo Díaz, quien junto a un grupo de parlamentarios de la oposición se reunirá el lunes con el contralor, Ramiro Mendoza.
Ya a principios de semana, los jefes de bancada de la Concertación se habían contactado con Matte para reunirse el lunes, pero ella desistió del encuentro, luego que ayer entregara todos los antecedentes a la fiscalía y dejara el caso en manos de los tribunales de justicia.
