El remezón de los generales

por Texto: Paula Canales y Francisco Artaza , Fotografía: Eduardo B

El lunes por la mañana, el general Cristián Le Dantec subió preocupado hasta el piso 20 del edificio del Ministerio de Defensa, en calle Villavicencio 364. El entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional quería hablar con el subsecretario de las FFAA, Alfonso Vargas, luego de haber recibido la pauta de actividades del primer día de trabajo del nuevo titular de la cartera, Andrés Allamand. A Le Dantec no se le había considerado en ninguna de las reuniones.

En el centro de la polémica compra de una vivienda de más de un millón de dólares para el jefe del Estado Mayor Conjunto, que fue objetada por Contraloría y terminó desencadenando la salida de Jaime Ravinet, el general le pidió a Vargas que se le concediera la primera audiencia con el ministro. No obtuvo respuesta. Le Dantec tuvo que subir por segunda vez al despacho del subsecretario a pedir la reunión. Sólo entonces se le dijo que sería recibido por Allamand, pero al final de la tarde y después de la ronda con todos los jefes castrenses.

El general volvió a su oficina con una sensación de derrota. A sus cercanos les comentó que su salida era inminente y decidió salir a responsabilizar públicamente al comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba. Ya lo había hecho el viernes anterior, cuando ambos se enfrentaron durante una reunión con el subsecretario Vargas para aclarar lo sucedido. Ese día, Le Dantec afirmó que toda la operación había sido autorizada por Fuente-Alba, y que él desconocía sus especificaciones. El jefe del Ejército lo contradijo de inmediato, tomó el teléfono y pidió prender un altavoz para chequear su versión con el comandante de Apoyo de las FFAA, Antonio Cordero. Así ocurrió.

La reunión fue tensa y terminó con un informe escrito de los generales. Los documentos volvieron a contradecirse entre sí. "No ha habido de mi parte aprovechamiento alguno", señalaba el texto del jefe del Estado Mayor Comando Conjunto. A esa altura, la renuncia de Ravinet no había aplacado los roces en Defensa, que se cruzaban con denuncias y sumarios de Contraloría. Dos de ellos, la compra de la vivienda y otro sobre pago de viáticos y pasajes, apuntarían a la gestión de Le Dantec. Fue su decisión de contradecir públicamente al jefe del Ejército, sin embargo, lo que gatilló su salida. Así se lo hizo sentir Allamand, quien llegó con la instrucción de poner orden en Defensa, pero evitando hostilidades con el mundo militar: el ministro forzó en los hechos la renuncia del general, pero no se la pidió directamente, primero consultó al Presidente Sebastián Piñera antes de aceptarla.

El análisis en el gobierno es que el caso de la adquisición de la residencia de Le Dantec revela una manera de hacer las cosas que se ha impuesto en las últimas décadas en el ministerio y que debe ser erradicada. En Defensa añaden que el ministro también habría optado por darle una señal de apoyo interno a Fuente-Alba al no romper con la tradición de designar a un miembro de sus filas para hacerse cargo del Estado Mayor Conjunto (Hernán Mardones). Un caso similar ocurre con el subsecretario Oscar Izurieta. El ex jefe del Ejército presentó la semana pasada su renuncia al ministro Rodrigo Hinzpeter, luego de que el gobierno no lo designara en la suplencia de Ravinet cuando renunció al cargo. Izurieta estaba incómodo: a él le correspondía cumplir esa tarea y no al subsecretario Vargas, como ocurrió. Sobre Izurieta estaba puesta la mirada de Palacio. El apoyo que dio a Ravinet en algunas iniciativas no fue bien visto, así como tampoco su contratación de asesorías a ex funcionarios vinculados a la CNI y la Dina.

Con todo, Hinzpeter rechazó su renuncia y Allamand tampoco contempla removerlo.

Le Dantec precipitó los tiempos con su decisión. En el gobierno sostienen que el general era un engranaje más en los cambios que realizará Allamand. Las primeras bajas fueron un chofer, una secretaria, dos periodistas y el almirante (R) Rodolfo Codina, ex jefe de gabinete de Ravinet. La nueva administración también realizó un catastro del equipo de asesores del ministro, integrado por civiles y militares en retiro: el ministro se reunió con todos ellos el martes pasado.

Dos días después, señalan altas fuentes de gobierno, Allamand llamó a su despacho al subsecretario Vargas. Aquella vez analizaron la situación del brigadier de Ejército (R) Jorge Pantoja, quien entre 1990 y 2000 ocupó la Subsecretaría de Investigaciones y luego asumió como secretario del Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena). A fines de la semana, el gobierno habría resuelto pedirle la renuncia a Pantoja y a su equipo, lo que se ajusta con la solicitud que hace meses venía solicitando el segundo piso de La Moneda. Los asesores presidenciales no veían con buenos ojos que el Consudena siguiera administrando los excedentes de la ley reservada del cobre, que bordean los tres mil millones de dólares al año, y que la nueva administración no tuviera control sobre esos fondos.

En La Moneda señalan que los cuantiosos depósitos del organismo se realizan en ocasiones vía e-mail o en conversaciones telefónicas que no quedan grabadas, y que sus integrantes actúan como una suerte de "mesa de dinero" y sin que exista una norma que los regule. No sólo eso. Piñera habría instruido expresamente a Allamand para que aplique la nueva ley orgánica de defensa, que contempla la disolución del Consudena desde febrero. La norma establece que los comandantes en jefe quedarán excluidos del manejo de los excedentes del cobre, que pasarán a manos del ministro.

El tema preocupa a los miembros de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, como los DC Jorge Burgos y Ricardo Rincón. En paralelo, el gobierno estudia la posibilidad de que Allamand pida ayuda al Comité Financiero que asesora a Hacienda para que administre estos fondos. Es en este contexto de irregularidades que el jueves se apartó del Ejército al coronel Juan Luis Martin, luego de que un suboficial lo acusara de inventar viáticos para recaudar fondos para el regimiento de Victoria, en 2007.

En su primera semana al mando de Defensa, Allamand también recibió un informe de Contraloría sobre contratos suscritos por el Ejército con más de 40 proveedores del Hospital Militar. De acuerdo a altas fuentes del ministerio, el escrito pediría sumarios administrativos. No se trata del único documento que esperan en Defensa, donde manejan la información de que la institución que dirige Ramiro Mendoza tiene en su escritorio otras auditorías.

Para esta semana, por ejemplo, se espera que se dé a conocer un informe sobre el puente mecano del río Biobío y el procedimiento que se utilizó para realizar la compra a la empresa norteamericana Acrow.

En la Fuerza Aérea, en tanto, esperan un documento de Contraloria sobre la subcontratación a uniformados en retiro, lo que afectaría a todas las instituciones castrenses. En la Armada inquieta un sumario que objetaría la contratación de una persona en la Regata Bicentenario y se investiga el eventual gasto excesivo en este evento.

En Defensa, sin embargo, dicen haber llegado a una convicción: los dossier de Contraloría no tendrán el foco en posibles malversaciones de fondos de uniformados y más bien estarán en la línea de mejorar los procedimientos administrativos en las FFAA.