martes 11 de enero de 2011
Ministro Felipe Bulnes dijo que se invertirán recursos para reparar las falencias del recinto. Anunció catastro para detectar problemas.
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El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, dijo ayer que el gobierno no accederá al cierre del anexo juvenil de la cárcel de Puente Alto y anunció que se invertirán los recursos necesarios para mejorar las medidas de seguridad y de infraestructura en este recinto, que alberga a 82 internos.
Tras presentar su primera cuenta pública -marcada por anuncios de mejoras carcelarias-, el secretario de Estado desechó la recomendación efectuada por la Comisión Intersectorial de Supervisión de Centros Privativos de Libertad, comité que, tras el incendio ocurrido en la cárcel de San Miguel y que dejó 81 muertos, realizó una visita inspectiva a los recintos penales que albergan a jóvenes condenados e imputados. En el documento, la comisión -integrada por organismos como la Defensoría Penal, Unicef y el Ministerio Público- dice que hay recintos que tienen condiciones "nefastas" y que en el caso del anexo juvenil de la cárcel de Puente Alto, se propone el "cierre de dicha sección, por las distintas falencias que se apreciaron en la visita actual y en las anteriores". El documento detalla que, entre otras falencias, los jóvenes reclusos han comenzado a utilizar sus dormitorios como comedores, imitando conductas de reos adultos.
Al respecto, Bulnes sostuvo que "leí el informe. Nuestra primera prioridad es adoptar las medidas urgentes para efecto de solucionar los problemas de seguridad que efectivamente imperan en la sección juvenil de la cárcel de Puente Alto".
El secretario de Estado añadió que, junto con compartir los términos del reporte, solicitó a Gendarmería que reasigne recursos para mejorar las condiciones de seguridad e infraestructura en esa unidad.
El ministro sostuvo que la idea es reparar los sistemas de seguridad penitenciarios que presentan falencias, antes que cerrar las unidades penitenciarias, tal como lo recomienda el informe.
En esa dirección, Bulnes explicó que el gobierno está realizando un catastro de las carencias que tienen las distintas cárceles para corregirlas. Además, el Ministerio de Justicia anunció la contratación de una empresa consultora para analizar cómo se está abordando el manejo del modelo penitenciario.
En la elaboración del reporte participaron la Defensoría Penal, Paz Ciudadana, un representante de Unicef y del Ministerio Público, entre otros. En todos estos organismos declinaron referirse al informe que prepararon.
Diligencias por incendio
Ayer, el fiscal metropolitano Sur, Alejandro Peña, quien indaga las responsabilidades en el incendio de la cárcel de San Miguel, tomó declaración al ex director nacional de Gendarmería, Alejandro Jiménez, quien fue interrogado en calidad de testigo.
En la ocasión, Jiménez endosó a la dirección regional y a la dirección operativa de la institución la responsabilidad de no adoptar medidas para evitar tragedias de este tipo. "En el director regional recaía la responsabilidad de aplicar el protocolo", dijo.
Respecto del uso de cilindros de gas en las cárceles, dijo que "es un tema que viene hace tiempo. Veníamos trabajando para poner fin el uso de estos balones, pero no es fácil, tal como lo ha reconocido el actual director de Gendarmería", sostuvo Jiménez.
También prestaron declaración el subdirector operativo de Gendarmería, Jaime Concha, y el director metropolitano de la entidad, Carlos Bustos.
Trascendió que el fiscal realizará interrogatorios durante toda esta semana, para luego definir los nombres de los funcionarios o mandos de Gendarmería que formalizará por su presunta responsabilidad en el incendio.
Ayer, en tanto, se constituyeron en la cárcel de San Miguel los diputados integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, instancia parlamentaria que indaga las responsabilidades políticas en la tragedia.
