Revelan "nefastas" condiciones en cárceles de jóvenes y piden cierre para evitar otra tragedia

Recomendaciones surgieron tras visitas de comisión intersectorial a siete recintos de la capital.

por Paulo Muñoz , Santiago
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Tras el incendio que terminó con la muerte de 81 reclusos en la cárcel de San Miguel, el 8 de diciembre pasado, integrantes de la Comisión Intersectorial de Supervisión de Centros Privativos de Libertad visitaron, durante los días 14, 15 y 16 de diciembre, las siete cárceles para jóvenes de la Región Metropolitana, donde adolescentes y menores infractores de la ley cumplen condena o se encuentran en internación provisoria.

El informe fue elaborado por la comisión integrada por representantes de Unicef, el Poder Judicial, la Defensoría Penal, el Ministerio Público, la Fundación Paz Ciudadana y la Universidad de Las Américas. La conclusión fue categórica: graves deficiencias en los recintos, hacinamiento, condiciones insalubres, inexistencia de dispositivos de seguridad para afrontar incendios, cables eléctricos colgando de los techos, humedad, hongos y aguas servidas escurriendo de los baños.

Las condiciones más "nefastas" fueron detectadas en dos lugares: el centro cerrado de San Bernardo y la Sección Juvenil de Puente Alto. En esta última, se constató la inexistencia de planes de emergencia contra incendios y equipos para combatir el fuego.

El informe señala: "Dados los acontecimientos que se desencadenaron en la cárcel de San Miguel el pasado 8 de diciembre, es necesario dejar por escrito en este informe que los centros requieren contar con medidas de seguridad en caso de incendios, ya sea extintores, red seca y red húmeda. Dispositivos de seguridad que no se encontraban en todos los centros de la forma requerida, ya sea por falta de mantención (ejemplo, suciedad), por baja presión de agua (ejemplo, San Joaquín) o bien, por no existir en algunos centros (ejemplo, CDP de Puente Alto)".

Clausura

Con este análisis, los miembros de la comisión optaron por pedir la clausura del centro juvenil de Puente Alto, que alberga a 82 jóvenes, de entre 18 y 25 años, que cumplen condena por delitos de alta connotación social.

"Luego de un largo debate efectuado en la reunión de trabajo se acordó por la mayoría de los presentes (excepción de los representantes de las fiscalías) proponer y recomendar el cierre de dicha sección, por las distintas falencias que se apreciaron en la visita actual y en las anteriores", concluye.

Los fiscalizadores dejaron constancia de que, de no ser factible la clausura del penal juvenil de Puente Alto, "es necesario establecer las responsabilidades sobre su administración (Sename o Gendarmería), la cual debe proporcionar los recursos para el cuidado de los internos".

En este recinto, el peor evaluado del grupo, se menciona que algunos jóvenes han comenzado a utilizar sus dormitorios como comedores, lo que fue interpretado como "una imitación de la realidad carcelaria adulta", según una fuente en la comisión.

"Lo que estamos esperando es cómo reaccionamos frente a estos informes y cuáles van a ser las medidas en infraestructura y salud al corto plazo", dijo el consultor de Unicef, Luis Vial.

Medidas de seguridad

" Los centros requieren contar con medidas de seguridad en caso de incendios, ya sea extintores, red seca y red húmeda. Dispositivos que no se encontraban en todos los centros o bien por no existir en algunos" (Sección CDP de Puente Alto).

Cierre en Puente Alto

"Se acordó por la mayoría de los presentes proponer y recomendar el cierre de dicha sección, por las falencias que se apreciaron en la visita actual y en las anteriores (...). De no ser factible este cierre, es necesario establecer las responsabilidades sobre su administración".

Condición de recintos

"(En) La sección juvenil de Puente Alto, como en los centros de San Bernardo y La Cisterna, hay problemas de infraestructura relacionados con el alcantarillado. En los dos primeros se detectaron falencias en la mantención de los baños, duchas, falta de aseo y deterioro de los mismos".

Centros semicerrados

"Se acuerda plantear la revisión y el análisis de la existencia de los centros semicerrados, ya que actualmente, según lo dispone la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, establece que los jóvenes estarán sujetos a un programa de reinserción social a ser desarrollado al interior del recinto, como en el medio libre, lo que actualmente no se está cumpliendo con el debido impacto que se requiere".

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