lunes 04 de octubre de 2010
El ministerio de Vivienda y la Intendencia Metropolitana están desarrollando un trabajo técnico y político que les permita aprobar definitivamente la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), que fue rechazada por el Consejo Regional en junio pasado, aun cuando ésta ya contaba con aprobación ambiental.
El rechazo de la llamada Modificación 100 del PRMS a mediados de este año no fue más que el fiel reflejo de una votación "oficialistas versus oposición", con todo lo contradictorio que resulta que esta iniciativa viniera de la administración anterior. A la pequeña pugna partidista se sumaron acusaciones de enriquecimiento excesivo de unos pocos y una carga inabordable para los municipios en lo que se refiere a mantención de las nuevas áreas verdes que incorporaría el plan. A saber, la modificación propone incorporar aproximadamente 6.500 hectáreas para desarrollo urbano (incluidas 800 hectáreas de reconversión de suelo industrial inutilizado), más aproximadamente 2.600 hectáreas de áreas verdes y áreas forestadas.
Lejos de resignarse, la autoridad ha manifestado públicamente su intención de aprobar esta modificación antes de fin de año y, entre otras cosas, ha asumido en voz del señor intendente el compromiso de que será el Fisco el que cubra el costo de mantención de las nuevas áreas verdes, lo que en un año en régimen implicaría un desembolso de US$ 67 millones. Así también, se ha preocupado de desmitificar el argumento de que la modificación beneficia a unos pocos dueños de la tierra. La Intendencia dio a conocer la semana pasada cifras que indican que habría más de mil propietarios involucrados, de los cuales aproximadamente 300 serían pequeños propietarios.
Es relevante recalcar que en esta discusión técnico-política no sólo está en juego la aprobación de un plan regulador para la metrópolis que genere nuevo suelo para vivienda social, aumente las destinaciones de suelo para áreas verdes o se desmitifiquen argumentos de oposición y/o apoyo, sino que las últimas señales dadas por la autoridad dan para afirmar que se ha entendido que existen bienes públicos tales como plazas, parques y áreas verdes que, al no poder ser provistos por los individuos ni la comunidad organizada, es el Estado, en su rol subsidiario, el que debe actuar.
Así, también, la aprobación de esta modificación sería una clara señal de que la extensión de las ciudades no debiese ser sino condicionada al pago o internalización de los costos sociales generados por los nuevos desarrollos, cuestión que es urgente llevar a todas las ciudades de Chile y que deje de ser patrimonio exclusivo de la región capital.
La real competencia entre los suelos "interiores" versus los suelos "periféricos" de la ciudad pasa por contar con los mecanismos que corrijan las distorsiones y equiparen los costos de desarrollo, cuestión que esta modificación incorpora.
Por último, frente al desgastante trabajo de argumentación y contraargumentación para lograr acuerdos básicos, urge contar con una política nacional o con lineamientos generales que perfilen las condiciones para un adecuado desarrollo urbano en Chile.
