miércoles 08 de septiembre de 2010
El alza de $ 47 mil a $ 64 mil en la línea de pobreza se traduciría en un aumento en el ingreso ético familiar de $ 250 mil mensuales al 2014.
El aumento de la pobreza entre 2006 y 2009, de 13,7% a 15,1%, con el incremento adicional en el valor de la canasta de necesidades básicas -de $ 47 mil a $ 64 mil al mes, según la encuesta Casen-, se traduciría en una revisión al alza de la propuesta del gobierno de alcanzar un ingreso ético familiar de $ 250 mil mensuales al 2014.
Según explica el coordinador laboral del Ministerio de Hacienda, Sergio Urzúa, la propuesta original del gobierno de $ 250 mil "se enmarcaba en un contexto de un hogar promedio de cinco personas con una línea de pobreza cerca de los $ 50 mil. Ahora, hay que revisar la propuesta, porque la línea de la pobreza cambió, producto del alza en el valor de la canasta, y también vimos un aumento en la pobreza el año pasado", dice.
Sobre $ 250 mil
Urzúa señala que la revisión del ingreso ético familiar será un proceso gradual y que si bien no existe una definición sobre el nivel en que se ubicará, "es probable que muchos hogares reciban más de $ 250 mil". Esta propuesta se acerca a lo planteado por expertos, que concuerdan en la necesidad de un incremento en el monto otorgado por dicha política social.
Junto con la creación del Ministerio de Desarrollo Social, la implementación de un ingreso ético familiar es una de las principales políticas sociales propuestas por la administración de Sebastián Piñera. El beneficio fue anunciado oficialmente por el Mandatario el 21 de mayo. El diseño de la iniciativa está a cargo de los equipos técnicos de Mideplan, Hacienda y la Segpres.
Su objetivo es suplementar el ingreso que las familias pueden conseguir por sí mismas a través del trabajo, mediante transferencias monetarias del Estado que les permitan garantizar un piso de ingreso mínimo por familia. Se espera que el nuevo sistema comience a regir gradualmente desde marzo de 2011, beneficiando directamente a los 2,5 millones de pobres que identificó la Casen 2009 y que equivalen al 15,1% de la población.
Cambio de enfoque
Según destaca Sergio Urzúa, el ajuste del nivel del ingreso ético familiar se enmarca en el objetivo de erradicar la extrema pobreza el 2014 y la pobreza al 2018. Señala que un elemento clave en la búsqueda de estas metas es asegurar los incentivos para la búsqueda de empleo por parte de los beneficiarios, evitando la dependencia de las transferencias del Estado.
"Primero, tenemos que saber dónde están radicados los grupos de mayor vulnerabilidad y ese es un trabajo que está desarrollando fuertemente Mideplan. Después, tenemos que asegurarnos que cualquier mecanismo de transferencia de recursos incentive a la gente a emplearse y formalizarse, para que tenga un contrato, que cuente con su respectiva cotización y seguro de cesantía".
El experto de Hacienda destaca además que el objetivo de la administración es avanzar hacia una medición más integral de la pobreza. "La Casen mide hoy ingresos en un momento de tiempo. Pero lo que se requiere es tener información de largo plazo, con ingresos en el tiempo y necesidades de consumo", sostiene.
Los expertos coinciden en que el aumento en la línea de la pobreza durante 2009 debería traducirse en un alza del nivel previsto para el ingreso ético.
Hernán Frigolett, de Aserta Consultores, señala que "es lógico que suba el salario ético, porque éste tiene que garantizar que el hogar tenga un ingreso suficiente para ser catalogado como no pobre. Considerando una línea de la pobreza de $ 64 mil, el instrumento debería estar en torno a los $ 320 mil".
Paulina Henoch, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, sostiene que "está bien que se plantee un ajuste. Cuando se anunció la propuesta de un ingreso ético, no se tenía la información sobre la línea de pobreza actualizada a 2009".
Por su parte, Cristóbal Huneeus, ex asesor laboral del Ministerio de Hacienda, advierte que "si este aumento es concebido como ingreso al trabajo, está bien enfocado. En cambio, si se piensa vía transferencias, podría generar incentivos perversos al fraude".