La Tercera
martes 07 de septiembre de 2010
martes 07 de septiembre de 2010
El juez Mario Carroza revisó ayer la entrevista completa a Mauricio Hernández Norambuena en una cárcel de Brasil, realizada por Chilevisión.
A las 8.30, el ministro en visita Mario Carroza estampaba su firma en la resolución que reabrió la investigación por el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán, ocurrido el 1 de abril de 1991.
La decisión la tomó luego de que el viernes el abogado de la familia Guzmán, Luis Hermosilla, pidió reactivar el caso por las declaraciones de Mauricio Hernández Norambuena, el "Comandante Ramiro", en una entrevista desde la cárcel de Catanduvas, en Brasil, donde cumple una condena de 30 años por el secuestro del empresario Washington Olivetto.
Cerca de 20 minutos después, Carroza se dirigió hasta las dependencias de Chilevisión, para revisar las más de cuatro horas de entrevista al ex subversivo e interrogar a los periodistas y camarógrafos que participaron en la entrevista. La diligencia terminó cerca de las 13.00 y el juez se retiró en un auto con vidrios polarizados.
Una de las personas en las que se focalizará el juez es el ex frentista Enrique Villanueva Molina, a quien Hernández Norambuena sindica como informante del Consejo de Seguridad Pública del gobierno de Patricio Aylwin, conocido como "La Oficina".
Incluso, el viernes Carroza decretó una orden de arraigo en su contra por 60 días para evitar que salga del país. En 1997, Villanueva viajó a Cuba antes de ser citado a declarar en la causa. Posteriormente se trasladó a Venezuela.
El juez no descartó que se pueda configurar un posible delito de encubrimiento. "Nada es descartable, solamente hay que investigar. Toda aquella persona que debe ser interrogada, será interrogada".
Sobre la posible participación de Villanueva, junto a la cúpula del FPMR, en la planificación de la muerte de Guzmán, el abogado Hermosilla dijo que "aquí es muy importante que personas respecto de las cuales existen antecedentes tan graves como las afirmaciones de Hernández Norambuena, y en este caso me refiero a Enrique Villanueva Molina, sean sometidas a proceso, sean acercadas a la investigación para el establecimiento de sus propias responsabilidades".
Hermosilla agregó que los responsables "deben ser traídos a tribunales chilenos a responder por el crimen. Me parece que todo indica que ese asesinato pudo no haber ocurrido".
En paralelo a la diligencia, Hermosilla presentó en el tribunal una petición para que el ex ministro Secretario General de Gobierno Francisco Javier Cuadra preste declaración, tras afirmar que antes del atentado el Ejército le comunicó que él era un posible objetivo de ataque, junto al senador de la UDI.
Cuadra dijo que el general Jorge Ballerino lo alertó de que él, Guzmán, Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez y Sergio Fernández podrían integrar la lista de posibles blancos de atentados.
Respecto de estas declaraciones, el ex senador y ex ministro Onofre Jarpa descartó que fuera alertado de la existencia de esta lista antes del homicidio de Guzmán y que sólo con posterioridad al asesinato escuchó de su existencia. Incluso, dice que llamó a Investigaciones, pero que nunca le confirmaron la información.
"Nunca recibí ninguna advertencia. No tengo ningún conocimiento de que hayan alertado a nadie", dijo a radio Duna. Jarpa agregó que "si tenían algún antecedente, pudieron haber alertado a Jaime Guzmán, y no se hizo. Decir ahora que se sabía es un compromiso muy serio", declaró el ex senador.
El ex ministro del Interior de Patricio Aylwin, Enrique Krauss, negó que el gobierno de la época haya sabido del atentado. "El gobierno no tenía en absoluto conocimiento de este hecho", dijo a Radio Cooperativa.
Krauss puso en duda la versión de que la información haya sido manejada por "La Oficina", dado que a esa fecha no existía. "¿Cómo podría haberse reportado a través de un supuesto informante ese antecedente al gobierno y concretamente al Ministerio del Interior? Todo esto es una especulación", señaló.
El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, le solicitó al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, la máxima celeridad del gobierno para esclarecer el caso.
