Piñera pide gestionar regreso de inculpados en crimen de Guzmán

por Ivonne Toro

A primera hora de ayer, tras dar inicio en el Parque O'Higgins a la última etapa de la cicletada Bicentenario, el Presidente Sebastián Piñera abordó uno de los temas que volvió a instalarse en la agenda de La Moneda: el crimen de Jaime Guzmán, en 1991. "Vamos a hacer todo lo necesario para que los que asesinaron al senador enfrenten la justicia en nuestro país", dijo.

Vestido de jeans y zapatillas, el Jefe de Estado hizo pública una orden que había dado en privado a los ministros de Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de Justicia, Felipe Bulnes. Se trata de estudiar las vías más expeditas para conseguir que los frentistas inculpados por el crimen del fundador de la UDI sean juzgados en Chile.

Piñera se refería a Galvarino Apablaza (quien se encuentra en Argentina), Juan Gutiérrez Fischmann (de quien se sospecha que estaría en Cuba), Ricardo Palma Salamanca y Mauricio Hernández Norambuena, detenido en Brasil desde 2002.

El caso Guzmán se reactivó esta semana tras una entrevista televisiva a Hernández Norambuena -el "comandante Ramiro". En sus respuestas, el condenado como autor intelectual del crimen de Jaime Guzmán aseguró que el ex frentista Enrique Villanueva Molina -quien se encuentra en Chile con orden de arraigo- fue informante del Consejo de Seguridad Pública, conocido como "La Oficina", que operó durante el gobierno de Patricio Aylwin.

Tras la entrevista, el ministro Mario Carroza decidió pedir diligencias en la investigación por el asesinato de Guzmán. El caso se reabrirá formalmente mañana.

Gestiones cruzadas

En la UDI, en tanto, sus dirigentes iniciaron diversas gestiones con el gobierno para traer de regreso a Chile a los ex frentistas. Ese fue uno de los temas que abordó el viernes pasado el senador Andrés Chadwick -junto al abogado Luis Hermosilla- con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Ese mismo día, Chadwick también sostuvo una larga conversación telefónica con el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, quien había afirmado en la víspera que dado que "la extradición (de Hernández) no resulta posible", el gobierno estaba "tranquilo" con que cumpliera su pena en Brasil.

Veinticuatro horas después, en La Moneda se acordó que el gobierno actuará en coordinación con los representantes de Guzmán para buscar una fórmula que permita que la justicia chilena procese a los frentistas.

Según fuentes gremialistas, se están analizando distintos escenarios. En el caso de "Ramiro" habría dos alternativas. La primera pasa porque se rebajen las condenas -dos penas de presidio perpetuo- que tiene en Chile para que proceda la extradición desde Brasil, donde cumple 30 años por el secuestro del publicista Washington Olivetto. La segunda apunta a una "salida política" con el Presidente Lula da Silva, que debe ser solicitada desde La Moneda. La idea es traer rápido a Hernández Norambuena, lo que es visto como muy complejo por la UDI y el gobierno.

La Moneda enfocará por ahora sus esfuerzos para traer a Chile a Apablaza. Lo que se busca es apurar un pronunciamiento de la Comisión de Refugiados Políticos de Argentina, que estudia otorgarle esa condición desde 2005. Esa definición ha retrasado que la Corte Suprema de ese país se pronuncie sobre la petición de extradición que formuló La Moneda a fines de la administración de Ricardo Lagos y que ya fue rechazada en una oportunidad.

Altas fuentes de Cancillería sostienen que el ministerio tomará contacto con las embajadas de Brasil y Argentina e iniciará gestiones diplomáticas, una vez que Hinzpeter y Bulnes determinen cuál es la mejor alternativa para forzar el regreso de Hernández Norambuena y Apablaza.

En el caso del resto de los inculpados prófugos -como Juan Gutiérrez, "El Chele"-, la situación es más compleja: no se tiene certeza de cuál es su paradero.

Piñera dio ayer una señal respecto de cuál es la posición del gobierno en este caso: "(los frentistas) Llevan demasiado tiempo eludiendo la justicia. El gobierno tiene un compromiso especial, que ese asesinato, y ningún otro asesinato, quede impune".