miércoles 11 de agosto de 2010
El magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Luis Avilés, resolvió ayer que el Ministerio Público debe pagar $ 3 millones al obrero Cristián López Rocha, quien en junio fue detenido y formalizado por el delito de violación y abusos.
Sin embargo, una pericia de ADN demostró que no era el autor del ataque sexual, por lo que fue dejado en libertad luego de pasar cinco días en prisión. En una audiencia especial, López fue declarado inocente de la acusación en su contra.
A raíz de este caso, el Octavo Juzgado de Garantía condenó al Ministerio Público a pagar los gastos en que incurrió el obrero para demostrar su inocencia y poder salir de la cárcel.
El magistrado Avilés estableció en su resolución que por las gestiones realizadas por la defensa de López Rocha, a cargo de los abogados Christián Bouchette y Carlos Palacios, se debe cancelar un monto de $ 3 millones.
Tras conocer la decisión, el abogado Bouchette sostuvo que era una resolución esperable, luego que la Corte de Apelaciones ratificara que la fiscalía debía pagar al imputado por el error.
En forma paralela, los abogados de López Rocha, erróneamente sindicado como el violador de Ñuñoa, están preparando una demanda en contra del Fisco por los perjuicios que le ocasionaron su detención y la falsa acusación de haber perpetrado una violación.
La acción judicial será presentada en los próximos días y en ella se detallarán los perjuicios ocasionados, entre los que figura la pérdida de su fuente laboral.
Este caso motivó que el juez Avilés pidiera a la fiscalía revisar los protocolos de reconocimiento de los imputados para evitar nuevos errores.
País
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