El subsidio interminable

Alarmado por las alzas en el precio del boleto del Transantiago y por los efectos políticos de éstas, el gobierno anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para buscar la aprobación de un nuevo subsidio, en esta ocasión por un monto entre US$ 80 millones y US$ 90 millones anuales hasta 2014.

Es doblemente llamativo que se recurra otra vez a esa vía para financiar el recurrente déficit de un sistema que ya es caso de estudio de una política fracasada y utópica. En primer lugar, porque recién el año pasado se alcanzó un acuerdo entre la oposición y el oficialismo de entonces a través del cual se aprobaron subsidios por US$ 600 millones anuales. Se suponía que ese gigantesco caudal de recursos permitiría estabilizar al Transantiago, cuestión que no ha sucedido.

Segundo, debido a que, cuando eran oposición, las actuales autoridades criticaron con denuedo el plan y señalaron que necesitaba profundas reformas. Hoy, en cambio, parecen más preocupadas de establecer el argumento político de que los problemas y las alzas del transporte colectivo en Santiago son heredados de la anterior administración, que de presentar a la ciudadanía un plan orgánico de cambios sustantivos y soluciones duraderas.

En su condición actual, el Transantiago es un costo político, al igual que su reforma. Esto ha hecho que este Ejecutivo, que inicialmente había adoptado decisiones adecuadas, como elevar la tarifa y combatir la evasión, ahora se incline -tal como su predecesor- por la vía de los subsidios.

Lo anterior sugiere que el Transantiago está construido de una manera que hace que las autoridades, sin importar su color político, tiendan a buscar un cada vez mayor financiamiento público. Por eso es necesario reformarlo en profundidad. No deben seguir solicitándose ayudas tan importantes sin antes presentar un proyecto coherente y sostenible para el transporte público en la capital.