LA TERCERA | EDICIÓN martes 27 de julio de 2010 | PAG: 19
Alejandro Peña pidió acceso a una cuenta que recibe dinero desde el extranjero y estaría vinculada a sospechosos de los ataques, pero dos magistrados de un juzgado de garantía se lo negaron. Ahora, la Corte de Apelaciones deberá decidir.
por Patricio Carrera
Una nueva y polémica arista surgió en la investigación por los más de 100 atentados explosivos a instituciones bancarias, iglesias y comisarías perpetrados durante los últimos años y que han sido adjudicados por grupos anarquistas. La Fiscalía Metropolitana Sur detectó la existencia de una cuenta bancaria donde personas, presuntamente vinculadas a los ataques terroristas, recibirían recursos desde el extranjero. Pero este hallazgo no ha estado exento de polémica entre jueces y fiscales. Tras establecer la utilización de esta cuenta, los investigadores a cargo del caso solicitaron al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el levantamiento del secreto bancario, con la finalidad de conocer el nombre del titular y los movimientos de dineros registrados en los últimos años en la mencionada cuenta. Sin embargo, el juez Daniel Aravena, a cargo de tramitar la solicitud, rechazó la medida. Entre los argumentos esgrimidos figura que la petición no estaba bien sustentada. Pese al resultado, los fiscales apelaron a la resolución, pero el juez Sergio Córdova, perteneciente al mismo tribunal, también la impugnó. Ante este escenario, la Fiscalía Metropolitana Sur recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que deberá pronunciarse esta semana si procede el levantamiento del secreto bancario de la cuenta presuntamente vinculada a dineros de anarquistas y poder seguir avanzando en las pesquisas. En forma paralela, la fiscalía presentó recursos judiciales para lograr la recusación o inhabilitación de los magistrados Aravena y Córdova en el caso por la investigación de los atentados. El argumento para inhibir a los magistrados del caso es que emitieron opinión personal en la resolución que rechazó la medida del levantamiento del secreto bancario. El pasado 22 de julio, la Corte de Apelaciones acogió a trámite la recusación y solicitó un informe a ambos magistrados que deben entregar en los próximos días. Mientras, no pueden dictar resoluciones en el denominado caso bombas. Fuentes vinculadas a la indagatoria sostienen que hasta ahora no ha habido mayores problemas en la realización de diligencias, salvo el tema del secreto bancario. Ayuda exterior Según fuentes vinculadas al caso, esta arista es trascendental en la investigación por asociación ilícita terrorista que lidera el fiscal Alejandro Peña y su equipo de trabajo. La existencia de esta cuenta bancaria acrecienta las sospechas de que grupos locales, dedicados a la instalación de artefactos explosivos, cuentan con ayuda financiera del extranjero, lo que les permite tener capacidad logística para mantener lugares de acopio de material, movilización y adquisición de elementos para la fabricación de explosivos. También dotaría de recursos a varias personas que actualmente son investigadas en el marco de los ataques que se han registrado en los últimos años. Actualmente, el Ministerio Público mantiene medidas de vigilancia en contra de 25 personas sospechosas de tener participación en la elaboración y colocación de artefactos explosivos que han causado alarma pública.
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