LA TERCERA | EDICIÓN domingo 25 de julio de 2010 | PAG: 38

Trámites ambientales de centrales térmicas acumulan retrasos de hasta nueve meses

Un estudio del Ministerio de Energía, realizado entre enero y mayo, revela que el tiempo promedio de tramitación de los proyectos de generación -aprobados desde 1994 a la fecha- alcanza a los 320 días. Ese lapso casi duplica el plazo legal, de 180 días. Esta demora ha retrasado alrededor de US$ 375 millones de inversión, lo que a su vez repercute en un encarecimiento del costo de la energía.

por Jessica Marticorena

Un largo camino deben recorrer los proyectos de inversión del sector energético en Chile antes de poder materializarse. Dificultades en su tramitación ambiental y en la obtención de permisos y autorizaciones sectoriales, en la mayoría de los casos, deriva en retrasos que afectan el desarrollo de estas iniciativas. Ocurre así, por ejemplo, con las centrales térmicas, donde la demora excede hasta en nueve meses los plazos legales.

Esa es parte de una radiografía a las inversiones en la industria energética recogida en el estudio "Identificación de dificultades en la tramitación de permisos de proyectos del sector eléctrico", realizado entre enero y mayo de este año por el Ministerio de Energía, a través de entrevistas a servicios públicos y empresas privadas.

Sus conclusiones son claras: el tiempo promedio de tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) de los proyectos de generación aprobados desde 1994 a la fecha alcanza a los 320 días. Es decir, prácticamente el doble de lo estipulado en los plazos legales, de 180 días. La demora, en todo caso, puede ser mayor. Según el estudio, hay 42 iniciativas, la mitad de ellas con inversiones por sobre los US$ 100 millones, que superan los 320 días de trámites.

El informe muestra, asimismo, que actualmente hay 56 permisos aplicables a proyectos de generación y transmisión eléctrica, que involucran a 22 órganos del Estado, desde municipios hasta gobierno central. Algunos de los plazos de tramitación más críticos corresponden a las compras y arriendos de bienes fiscales, con demoras superiores a los 700 días, y otorgamiento de concesiones marítimas, donde el retraso promedio de las solicitudes en trámite puede sobrepasar los 900 días. Por lo mismo, hay solicitudes que datan de 2007.

Térmicas, las más afectadas

Las centrales termoeléctricas, de acuerdo al reporte del ministerio, presentan las mayores dificultades para obtener su autorización ambiental y tienen las tramitaciones más extensas. En el estudio se detectó que en los últimos 16 años hubo 14 proyectos térmicos cuya tramitación en el Seia alcanzó a 443 días y superó en casi nueve meses el plazo establecido en la legislación ambiental.

En el segundo lugar están las plantas hidroeléctricas, con cinco proyectos que tardaron 390 días en conseguir su aprobación (siete meses por sobre el plazo legal). Una mejor suerte corrieron dos iniciativas eólicas, cuya tramitación se completó en 335 días, cinco meses después de cumplido el tiempo estipulado.

Principales dificultades

La falta de claridad de la normativa, principalmente en relación con los requisitos que se exigen, es una de las principales dificultades de la tramitación de proyectos, explica el ministro de Energía, Ricardo Raineri. "La interpretación de la normativa es otro obstáculo reconocido por los entrevistados, porque canaliza expectativas que van más allá del espíritu de las normas, retrasando y entorpeciendo las tramitaciones", dice.

Sobre la gestión pública, las principales críticas que recoge el análisis apuntan hacia la discrecionalidad de los entes evaluadores, "debido a la falta de criterios de aplicación uniforme a nivel nacional a la hora de evaluar los proyectos", afirma. En cuanto a la gestión privada, los entrevistados, principalmente del sector público, centran sus críticas en el nivel de profundidad y completitud de los antecedentes presentados, lo que dificulta y demora su tramitación.

La meta del ministerio

Con los resultados del estudio sobre el escritorio, la cartera de Energía ahora busca agilizar los tiempos de tramitación de los proyectos. "Estamos trabajando en modificaciones a la Ley de Concesiones geotérmicas y a la Ley Eléctrica, en aquellos aspectos vinculados al otorgamiento de concesiones eléctricas", adelanta.

Adicionalmente, se acordó con la Dirección de Aguas agilizar los procedimientos en materia de derechos. "Desarrollaremos guías, manuales o formularios para dar claridad a los inversionistas sobre los antecedentes técnicos requeridos para las tramitaciones. (...) Tenemos una coordinación con Conaf para resolver problemas derivados de la interpretación de distintas leyes", añade.

Energía también se impuso metas: que el plazo para otorgar una concesión geotérmica se reduzca cuatro veces, de 400 a 100 días. "A fines de este año tendremos los primeros resultados. Al menos, en términos de guías y manuales. El trámite de modificaciones legales puede tomar un poco más tiempo", dice el ministro.

Los costos asociados a las demoras: menos inversión y mayores precios de la energía

El estudio del Ministerio de Energía consigna que las tramitaciones excesivas tienen un efecto económico no menor, en los privados y en los consumidores. En promedio, por cada megawatt que se tarda en producir, se frena del orden de US$ 1,4 millón de inversión. "Dicho de otro modo, el período adicional de demora de estos proyectos ha implicado un retraso de una inversión de aproximadamente US$ 375 millones, equivalente a 280 MW, en promedio", afirma el ministro Ricardo Raineri.

En el caso de las termoeléctricas, la inversión promedio retrasada en los últimos 16 años fue del orden de los US$ 530 millones, equivalentes a unos 370 MW; en el de las hidroeléctricas, el monto alcanzó US$ 240 millones (220 MW), y en los parques eólicos la cifra alcanzó a US$ 560 millones (280 MW).

Los retrasos en los proyectos de inversión también tienen un efecto sobre los costos que deben asumir los usuarios por el valor de la energía. "Es un tema relevante. La tardanza impacta directamente en una energía más cara, una falta de competencia en el mercado y una menor generación de empleo, entre otros efectos. Por eso, nuestro desafío es acelerar la inversión de aquellos proyectos que ambientalmente cumplan con los estándares y normativa vigente. Este es uno de varios desafíos que hemos asumido como ministerio", afirma Raineri.

Energía también identificó los costos que deben asumir los inversionistas, derivados de los estudios necesarios para obtener los distintos permisos. Aunque varía según el tamaño de cada proyecto, los gastos promedio requeridos para las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas superan los US$ 8 millones; para los proyectos geotérmicos y de transmisión, US$ 6 millones, y los eólicos y solares, US$ 4 millones.

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