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2010-06-17 00:00:00.0
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LA TERCERA | EDICIÓN jueves 17 de junio de 2010 | PAG: 4

Preguntas preliminares


por Daniel Mansuy, profesor del Instituto de Filosofía, Universidad de Los Andes

Con su particular sentido de los tiempos políticos, el senador Andrés Allamand volvió a la carga con el proyecto de Acuerdo de Vida en Común (AVC). Son tantas las pasiones que por lado y lado despierta dicha propuesta que no es fácil llevar la discusión a un plano estrictamente racional. Además, en Chile se ha ido consolidando de tal modo el peso de la opinión dominante, que las ideas que no se ajustan a los dogmas en boga tienden a ser reducidas al silencio: sin darnos cuenta, nos vamos acercando a eso que Tocqueville llamaba el despotismo suave de la democracia.
Así, hay cada vez menos espacio para los matices, y suelen abundar los (des)calificativos allí donde debería haber argumentos. Ojalá en esta cuestión crucial seamos capaces de dejar las vociferaciones de lado y entendamos que se puede ser contrario al AVC sin ser un rabioso homofóbico y que se puede ser favorable sin ser un perverso destructor de la familia.
En principio, el proyecto busca crear una nueva figura jurídica que permita acoger a unos dos millones de personas que conviven al margen del matrimonio. Suena muy sensato, pero presenta interrogantes. Por un lado, ¿se tiene alguna idea de los motivos por los cuales los chilenos son reacios al matrimonio? ¿Hay algún estudio o estadística que respalde la iniciativa del senador Allamand?
No es descabellado suponer que en la baja tasa de nupcialidad juegan factores tributarios y de acceso a la vivienda y, en esa hipótesis, el AVC es un perfecto contrasentido. En muchos otros casos, puede pesar simplemente el deseo de llevar una relación al margen de la ley, y allí el AVC tampoco tiene mucho que hacer. De cualquier modo, es claro que deberíamos partir por estudiar seriamente el problema: antes de querer "hacerse cargo de la realidad", debe realizarse un mínimo esfuerzo por conocerla.
Por otro lado, más allá de las buenas intenciones, el AVC no es mucho más que una institucionalización de la precariedad familiar. Y uno tiene el derecho a preguntarse si eso es lo que Chile necesita. La familia cumple un rol esencial e irreemplazable al interior de toda sociedad, pero para lograr sus objetivos requiere ciertos grados de estabilidad. Si la familia falla, todo el cuerpo social se resiente: es simplemente iluso pensar que podemos resolver problemas como la educación o la delincuencia, entre tantos otros, si no nos tomamos en serio este desafío.
Por cierto, alguien podría objetar que aunque lo anterior sea cierto, en rigor, el AVC no tiene nada que ver con las parejas heterosexuales, pues su verdadero objetivo es otorgar a las parejas del mismo sexo un reconocimiento legal. Si ello es así, entonces la discusión es otra, a saber, ¿es el derecho de familia el terreno adecuado para otorgar reconocimientos y satisfacer reivindicaciones de derechos? Marx, al analizar este tipo de problemas, anotaba lo siguiente: los liberales siempre se equivocan al mirar la familia desde la óptica del derecho individual, desde la lógica del mercado, pues la familia no es cuestión de derechos y es imposible entenderla así. De hecho, se trata justamente de la institución que intenta superar el individualismo, y lo hace en vistas de la procreación y la educación de los ciudadanos del futuro, no en vistas de la protección de derechos de personas, sean éstas heterosexuales u homosexuales.
Es imprescindible formular este tipo de preguntas si acaso queremos pensar antes de actuar y deliberar antes que imponer, pues este es de aquellos problemas que no admiten ni simplismos ni respuestas unívocas.


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