LA TERCERA | EDICIÓN viernes 14 de mayo de 2010 | PAG: 3

Definiciones sobre el futuro del diario La Nación

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El frustrado nombramiento del director del diario La Nación y los antecedentes conocidos sobre la forma en que está organizada su propiedad, compartida con privados, reavivaron el debate sobre este medio escrito y el destino que debe tener.
El gobierno había determinado que permanecería en su estatus actual, pero con una orientación que en lo sucesivo sería de carácter "ciudadana y pluralista", no obstante que durante la campaña presidencial se dijo que sería cerrado. En una nueva toma de posición, el Presidente encargó un estudio para analizar la posibilidad de transformarlo en un medio público, al estilo de Televisión Nacional de Chile (TVN), o bien de venderlo o, incluso, cerrarlo.
La prensa cumple un rol fundamental en las democracias modernas, al entregar a los ciudadanos variada información y acoger los diversos puntos de vista en el debate público, además de cumplir un rol fiscalizador de las autoridades. Esa tarea requiere claridad e independencia, aspectos que no parecen estar suficientemente satisfechos en este caso. Además, lo natural es que los medios no sean estatales, porque en esas manos enfrentan el riesgo de que la autoridad ceda a la tentación de influir en su línea editorial e informativa en propio beneficio.
En el caso de La Nación, debe llamarse la atención sobre el hecho de que su financiamiento esté fuertemente asociado al privilegio exclusivo de editar el Diario Oficial, único medio autorizado para publicar oficialmente las leyes y dar publicidad a diversos actos jurídicos privados. Esto le provee de ingresos sustanciales y ha asegurado la subsistencia, sin que el medio de comunicación haya tenido que rendir suficientemente la prueba de la aprobación ciudadana. La separación de ambas publicaciones, de naturaleza por completo diversa, resulta conveniente tanto desde un punto de vista de su gestión, como de su  funcionamiento institucional, y por ello es un paso que debería ser dado cualquiera sea la decisión que se adopte en definitiva sobre el medio.
Más aun, el sistema mismo de publicidad de las leyes y actos privados requiere de una profunda modernización que lo ponga a tono con las tecnologías digitales que imperan hoy, más accesibles para todos y sin duda de menor costo para el usuario. Esto sería complementario, además, a las reformas pro desburocratización que ha anunciado el gobierno.
Otro factor que se debe considerar en el caso de La Nación es la existencia de accionistas privados por poco más de un 30% del capital social, situación especial que tiene dos facetas que merecen atención.
La primera, que participan del flujo de ingresos que genera el Diario Oficial, cuya edición le fue asignada al medio sin más, por ley, en 1931, y que desde esa fecha nunca ha sido licitada o sometida a revisión. La segunda, que en la década de los 90 se concedieron a los accionistas privados privilegios en la administración que no les corresponden en función de su porcentaje, lo que implicó la renuncia a derechos por parte del Estado como accionista sin que quede claro que se haya velado debidamente por el interés fiscal. Este hecho requiere, al menos, de una explicación que hasta ahora no ha sido entregada.
La Nación tiene más de 80 años en poder del Estado y la realidad es que no ha logrado ser reconocida durante ese período como garantía de una real independencia. El reciente incidente sobre la designación de su director no ha venido más que a ratificar esa realidad. La aspiración de dotarla de un estatuto parecido a TVN para garantizar su autonomía, en todo caso, choca con la experiencia internacional que muestra la existencia de medios de televisión pública relevantes, pero no de medios escritos en ese régimen.
La situación del diario La Nación requiere de una definición por parte del gobierno, la que debe ser adoptada en función de lo que resulta mejor para los intereses ciudadanos y para el funcionamiento de nuestra democracia.

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