LA TERCERA | EDICIÓN domingo 11 de abril de 2010 | PAG: 3

Acusaciones por nombramiento en la Dirección de Gendarmería

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La designación de un general en retiro de Carabineros como director de Gendarmería ha provocado uno de los choques más fuertes entre el gobierno y la oposición desde el 11 de marzo. El impasse vuelve a traer a escena las divisiones que genera el tema de los derechos humanos e involucra una actitud inadecuada de parte de algunos parlamentarios opositores, dispuestos a pasar por alto consideraciones básicas de la convivencia política.

El punto de conflicto tiene que ver con la participación que, según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y familiares de las víctimas, le habría cabido al ex oficial en el caso "degollados". En 1985, tres profesionales de izquierda vinculados al Partido Comunista fueron secuestrados y luego asesinados. La investigación judicial estableció que los culpables de los crímenes, quienes fueron procesados y sentenciados, pertenecían a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). 

El hecho de que el recién designado director de Gendarmería haya pertenecido en esa fecha a la Dicomcar y que fuera interrogado como inculpado por la justicia en el caso ha sido interpretado por algunos parlamentarios comunistas y de la Concertación como factor inhabilitante para ser nombrado en ese cargo. 

Es necesario recalcar que el general en retiro hasta ahora no ha sido procesado ni declarado culpable en la investigación del caso "degollados", la cual se encuentra hoy cerrada, con sentencias ejecutoriadas.  

Pese a ello, el presidente de la Comisión de DD.HH. de la Cámara ha enviado una carta al Presidente de la República pidiendo la salida del director de Gendarmería, con el argumento de que éste podría ser parcial a la hora de decidir beneficios carcelarios a personas que cumplen sentencia en casos de derechos humanos. Dicha solicitud fue reiterada el miércoles, a través de una votación en esa comisión parlamentaria. Por su parte, dirigentes de las bancadas de los partidos de la Concertación han señalado que no votarán los proyectos enviados por el Ministerio de Justicia, del cual depende Gendarmería. Finalmente, el nombramiento generó un tenso ambiente en un almuerzo entre el secretario general de la Presidencia y un grupo de senadores opositores, uno de los cuales advirtió al ministro que no respaldará el proyecto del Fondo de Reconstrucción Nacional si no se revierte la designación. 

Esta corresponde a una atribución exclusiva del Ejecutivo, el cual la ha ejercido nombrando a una persona cuya trayectoria no exhibe vinculación con casos de derechos humanos, como se desprende también de que, mientras estuvo en servicio, fue ascendiendo de rango en sucesivos gobiernos de la Concertación, llegando al grado de general. Que recién hoy surjan cuestionamientos hace plausible pensar en una maniobra política, más que en una evaluación del nombramiento en su mérito. 

Resulta ilógico e injusto que parlamentarios opositores pretendan ejercer una censura moral sobre nombramientos presidenciales, arrogándose una facultad de juzgar que reside en los tribunales y pasando por alto la noción de que la culpabilidad debe ser demostrada judicialmente. Es inaceptable, en ese sentido, que un diputado del PPD señale que el director de Gendarmería no puede ejercer, "más allá de que se compruebe o no su participación en delitos de lesa humanidad", y que un senador del mismo partido exija al gobierno "demostrar" que "este general no tiene ninguna vinculación" en casos de derechos humanos.

En la medida en que el director de Gendarmería no ha sido procesado, ni menos condenado, su nombramiento es legítimo y políticamente viable. No es sano para la buena convivencia democrática que actores políticos asuman una postura como la que han exhibido parlamentarios opositores en este caso. Su actitud daña el ambiente político y eleva innecesariamente el tono del debate, afectando la dignidad e imagen de las personas.

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