Con el objetivo de aumentar la fiscalización a los proyectos inmobiliarios y evitar que se produzcan nuevos colapsos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) enviará al Congreso una serie de modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Los cambios dicen relación con actualizar la norma antisísmica, generar certificaciones a las construcciones y establecer responsabilidades de los encargados ante fallas o problemas en las estructuras. Ello, tras la polémica por la actual normativa, que permite a las empresas contratar a ingenieros para verificar el estado del proyecto, sin que exista un sistema de control que permita establecer si están capacitados para esos fines. La ministra de Vivienda, Magdalena Matte, manifestó que los cambios serán enviados en los próximos meses al Congreso, para lo cual se instruyó a los departamentos técnicos del ministerio para que "estudien los cambios a la ley, a fin de que los responsables queden claramente identificados".