LA TERCERA | EDICIÓN miércoles 24 de marzo de 2010 | PAG: 10

Proyecto de bono marzo revela descoordinación entre Gobierno, Congreso y la Corte Suprema

Tribunal Constitucional había frenado tramitación de ley que asigna el beneficio, tras la queja del Poder Judicial por no haber sido consultado sobre la iniciativa, como lo dispone la Constitución.

por José Miguel Wilson

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A las 11.30 de ayer tenía previsto La Moneda realizar la promulgación del bono marzo, el primer proyecto del gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, sorpresivamente el acto, al que habían sido invitados los presidentes de todos los partidos, fue cancelado.

"No hay ningún impedimento y el bono está avanzando", dijo en la mañana la vocera Ena von Baer.

Pero a esa hora, el Tribunal Constitucional (TC) aún no se pronunciaba sobre la constitucionalidad del proyecto. Y el hecho desnudaba descoordinaciones entre La Moneda y el Congreso, que además involucraban al Poder Judicial.

El nudo en el TC fue provocado por la molestia expresada por la Corte Suprema, que alegaba no haber sido tomada en cuenta en la tramitación.

Actualmente, la Constitución obliga a consultar al máximo tribunal cuando una reforma legal alude al funcionamiento de los tribunales. Particularmente, esta ley dejaba en manos de los tribunales de familia la resolución de controversias, como, por ejemplo, si el bono lo recibe un padre o una madre en conflicto por la tuición de sus hijos.

"En los hechos puede importar que la iniciativa haya sido aprobada sin oír a esta corte, procedimiento que se aparta de lo dispuesto por la Carta Fundamental", dice el informe emitido por la Suprema, en el que se deja constancia de que siete miembros del pleno se inclinaban por no emitir ningún documento en consideración a que "no se dio cumplimiento al mandato constitucional de oír previamente al tribunal, trámite que ya resulta extemporáneo".

La molestia fue manifestada por el presidente de la Suprema, Milton Juica, al titular del Senado, Jorge Pizarro, en la reunión protocolar que ambos sostuvieron el lunes. Pero las miradas no apuntaban al Senado, sino a la presidenta de la Cámara, Alejandra Sepúlveda, quien como titular de la instancia de origen del proyecto, era la responsable de coordinar la consulta a la Suprema.

Descoordinaciones

Según consta en su historial, el mismo 16 de marzo, cuando fue ingresada la iniciativa del bono, Sepúlveda emitió el oficio a la Suprema solicitando su opinión. El problema, según algunos parlamentarios, es que la tramitación legislativa fue mucho más rápida y el 18 el Congreso dio por aprobada la nueva ley.

La versión del Poder Judicial es que recién el 17 fueron notificados y que el 20 evacuaron un informe favorable sobre el bono, tres días después, dentro del plazo legal que les correspondía.

Así, el proyecto corría un riesgo de ser declarado inconstitucional por el TC ante el hecho evidente de que el Congreso se había saltado la consulta a otro poder del Estado.

Ayer hubo varias llamadas entre el Congreso, La Moneda y el TC, para tratar de desatar el nudo jurídico. La tranquilidad volvió recién en la tarde, con el acuerdo del TC de no poner reparos al pago del bono y dejar sólo pendiente para hoy el pronuniciamiento sobre la facultad de los tribunales para dirimir eventuales controversias en el pago del bono.

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