LA TERCERA | EDICIÓN miércoles 24 de febrero de 2010 | PAG: 2
Señor director:
En las últimas semanas, desde el nombramiento del gabinete del nuevo gobierno, la discusión se ha centrado en los presuntos conflictos de interés de algunas de las futuras autoridades. Muchas voces se han alzado, por ejemplo, para criticar los conflictos que Gabriel Ruiz-Tagle tendría en su doble carácter de principal accionista de Blanco y Negro y máxima autoridad del deporte nacional.
Es esencial que nuestras autoridades den el ejemplo en materia de transparencia y se desprendan de sus activos que puedan provocarles un conflicto de interés, de modo que de antemano tengan la libertad de gobernar con la premura y la eficiencia que la situación del país amerita.
Sin embargo, poco y nada se ha discutido respecto de la "otra" puerta giratoria, aquella que pobremente regula el artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional Sobre Bases Generales de la Administración, que impide a aquellas autoridades que trabajaron en organismos de supervigilancia desembarquen en el sector privado para asesorar a quienes hasta hace muy poco fueron sus regulados.
Si bien existe un proyecto de ley en discusión desde 2006 que endurece los términos del artículo citado, la normativa actual es poco eficaz, permisiva y no se condice con el nuevo estatus de Chile en el concierto internacional desde su anhelado ingreso a la Ocde. Noticias como las anunciadas hace unos días respecto de la llegada de Zarko Luksic desde la Defensoría Laboral a un estudio de abogados de Santiago para hacerse cargo de todos los temas laborales encienden una luz de alerta al respecto.
Urge, entonces, un debate serio y alejado de la política contingente para dotar al Estado de estándares internacionales para terminar con esta "otra" puerta giratoria, tan o más importante que aquel caballito de batalla de tanto candidato en los últimos meses.
Cristóbal Correa
Abogado Universidad de Chile
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